“Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en general de la flotilla de vehículos institucionales del PECLC de la Municipalidad de Bagaces”.

En relación con el presente procedimiento de contratación, es necesario dejar constancia expresa de la improcedencia de habilitar una etapa recursiva contra el acto de adjudicación, en virtud de la naturaleza jurídica del proceso tramitado. El procedimiento en cuestión corresponde a un procedimiento por excepción, específicamente bajo la modalidad de contratación de cuantía o naturaleza indeterminada, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y su Reglamento, que habilitan a la Administración a apartarse de los procedimientos ordinarios en aquellos supuestos previamente definidos por el legislador. Desde el punto de vista normativo, los procedimientos por excepción se caracterizan por su naturaleza especial, dirigida y restrictiva, en los cuales la Administración puede gestionar la contratación directamente con uno o varios potenciales proveedores previamente determinados, en atención a criterios de oportunidad, eficiencia, especialidad técnica o circunstancias particulares del objeto contractual. En este contexto, la doctrina y la normativa vigente en contratación pública establecen que el derecho a recurrir los actos administrativos, incluyendo el acto de adjudicación, se encuentra condicionado a la existencia de un interés legítimo, actual y directo, el cual supone necesariamente la existencia de sujetos que participen en condiciones de concurrencia y que puedan resultar eventualmente lesionados por la decisión adoptada. No obstante, tratándose de procedimientos excepcionales de carácter dirigido, como el presente, no se configura un escenario de libre competencia ni concurrencia abierta, sino que la Administración delimita de manera previa el universo de posibles oferentes, lo cual restringe la participación a condiciones específicas previamente justificadas en el expediente. En consecuencia: • No existe pluralidad de oferentes en sentido competitivo, sino una gestión dirigida conforme al marco de excepción permitido por la Ley. • No se configura la existencia de terceros interesados en condiciones de igualdad, susceptibles de invocar una afectación a sus derechos o expectativas legítimas. • No se cumple el presupuesto esencial de legitimación activa para recurrir, exigido por el ordenamiento jurídico administrativo. Adicionalmente, el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública refuerza el principio de que los recursos administrativos en esta materia tienen como finalidad la tutela de la competencia y la protección de los derechos de los oferentes dentro de un procedimiento concursal, situación que no se presenta en los procedimientos excepcionales de carácter dirigido. Bajo esta lógica jurídica, la apertura de una etapa recursiva en el presente caso resultaría contraria a los principios de economía procesal, eficiencia administrativa y celeridad, al carecer de utilidad práctica y sustento legal, dado que no existen sujetos legitimados para interponer recursos contra el acto de adjudicación. Por tanto, no procede la habilitación de la etapa recursiva, en virtud de: 1. La naturaleza excepcional y dirigida del procedimiento amparado en la Ley N° 9986. 2. La ausencia de concurrencia competitiva. 3. La inexistencia de terceros con interés legítimo, actual y directo. 4. La falta de presupuesto jurídico para la interposición válida de recursos administrativos. En consecuencia, el acto de adjudicación que se dicte en el presente procedimiento deviene firme desde su emisión, sin perjuicio de los controles posteriores de legalidad que pudieran corresponder conforme al ordenamiento jurídico.