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Multa. La administración deberá documentar, fundamentar y comunicar la aplicación de multas en caso de detectar anomalías o defectos durante la ejecución contractual, estos defectos o anomalías pueden corresponder a atrasos en la atención de emergencias, no participación en reuniones convocadas por la administración, atrasos en la entrega de informes, entre otros, y, que la aplicación de multas podrá realizarse hasta por un 25 % del monto del contrato, esto en consideración de la trascendencia e importancia de la ejecución oportuna y efectiva del servicio para el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos por la administración. Cabe aclarar que para la aplicación de multas se aplicará lo señalado en los artículos 46, 47 de la LGCP y artículos 116, 117 del RLGCP. Las multas se aplicarán en caso de ejecución defectuosa o incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. La Municipalidad no gestionará el cobro de la multa únicamente cuando el incumplimiento por parte del contratista sea consecuencia de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la Administración, debidamente comprobados. Se aplicará una multa diaria equivalente al 2% del valor mensual de la regencia, de conformidad con lo establecido a continuación: a) Por incumplimiento en la sustitución o reposición de los bienes o servicios ofertados dentro del plazo establecido por la Administración en el presente pliego de condiciones, cuando dicha sustitución o reposición sea requerida debido a diferencias en las especificaciones técnicas o a la existencia de defectos. b) Por la no presentación personal decorosa y un comportamiento inapropiado del personal. c) Por incumplimiento, si se entregan menos de los bienes o servicios solicitados en la orden de pedido. d) Por entrega de objeto contractual diferentes, con defectos y/o de inferior calidad a los ofertados. e) Por día de atraso según la orden de pedido vencida. f) Incumplimiento de Visitas Obligatorias: Si el Regente no realiza la visita mínima mensual obligatoria al sitio de explotación en el Río Canalete, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto total de la facturación mensual de ese periodo, sin perjuicio de la obligación de reponer la visita de forma inmediata. g) Falta de Actualización de la Bitácora Geológica: Si en una inspección de control municipal o de autoridades nacionales (DGM/SETENA) se constata que la Bitácora Geológica oficial (Decreto Ejecutivo N° 27984-MINAE) no se encuentra al día o carece de los registros obligatorios de frentes de explotación, se aplicará una multa fija de 𝄗50,000.00 (cincuenta mil colones) por cada hallazgo o anotación omisa. h) Ausencia de Asesoría Preventiva: Si el contratista omite alertar formalmente por escrito a la Municipalidad sobre el vencimiento del canon de superficie, obligaciones obrero-patronales, tributarias o renovación de permisos técnicos (Art. 67 y 68 del Reglamento al Código de Minería), y esto genera una amonestación o paralización de obras por parte de la DGM o SETENA, se aplicará una multa del 15% del valor contractual del año en curso, además de hacer responsable al contratista por los daños y perjuicios ocasionados a la administración municipal.

Cláusula penal. La administración deberá documentar, fundamentar y comunicar la aplicación de cláusulas penales en caso de detectar la ejecución prematura o tardía del objeto contractual. Cabe aclarar que por cada día de atraso se retendrá de las facturas pendientes de pago o se rebajará de la garantía de cumplimiento un monto equivalente a un 0,5 % del monto del contrato, y, que la aplicación de cláusulas penales podrá realizarse por hasta un 25 % del monto del contrato, esto en consideración de la trascendencia e importancia de la ejecución oportuna y efectiva del servicio para el cumplimiento de los planes de trabajo establecidos por la administración. Cabe aclarar que para la aplicación de cláusulas penales se aplicará lo señalado en los artículos 46, 47 de la LGCP y artículos 116, 117 del RLGCP. La cláusula penal será aplicable cuando se produzca un retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Para tales efectos, se impondrá una sanción económica equivalente al 2% del valor mensual de la regencia por cada día natural de atraso en la entrega de los informes obligatorios definidos en el presente pliego de condiciones. Dicha sanción se calculará con base en los siguientes entregables: a) Informes ante SETENA: Por cada día de atraso posterior al vencimiento del plazo perentorio de diez (10) días hábiles establecidos en las notas de este pliego de condiciones. b) Informes de Labores ante la DGM: Por cada día de retraso en la entrega del informe (semestral o anual según corresponda) respecto a la fecha legal de vencimiento establecida por la Dirección de Geología y Minas. Dicho monto no podrá ser superior a un 25% destinado por la Municipalidad para la compra de la orden de pedido. Esta disposición no implica que hasta haberse verificado la aplicación de un 25% por concepto de cláusula penal, pueda acudirse a la resolución contractual, pues esta podría justificarse ante la gravedad de un incumplimiento imputable al Contratista, independientemente del porcentaje que se haya aplicado por tal concepto. Si resultare insuficiente del monto pendiente a facturar, se adoptarán las medidas que resulten necesarias para su reintegro, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la LGCP y 117 del RLGCP. La ejecución de la cláusula penal por demora no exime al contratista de la indemnización a la Municipalidad de Upala por los daños y perjuicios que hayan sido ocasionados a la Administración y que fueran debidamente acreditados. Los incumplimientos que se presenten en la ejecución contractual serán valorados al amparo de lo establecido en el Título VI “Régimen Sancionatorio”, Capítulo I “Sanciones a Particulares” de la LGCP. La Municipalidad se reserva el derecho de reclamar cualquier otro daño o perjuicio derivado del atraso en la entrega de los bienes o servicios contratados, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan y del inicio del respectivo procedimiento administrativo, una vez que, en sede administrativa, se haya determinado la responsabilidad del adjudicatario. Cuando, por causas no atribuibles al contratista o imputables a la Administración, resulte imposible cumplir con la entrega del objeto contractual dentro del plazo establecido, el adjudicatario podrá solicitar una prórroga. Para ello, deberá aportar la prueba que respalde su gestión, la cual deberá demostrar que el atraso obedece a circunstancias totalmente ajenas a su ámbito de control y al riesgo propio de la actividad contratada, constituyendo un caso fortuito o fuerza mayor. Dicha solicitud deberá presentarse dentro del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que el contratista tuvo conocimiento del hecho que genera o podría generar el atraso, de conformidad con los términos de su oferta. La Administración analizará y resolverá la solicitud con base en la documentación aportada.