21400001 Servicio de mantenimiento y mejoras de la herramienta tecnólogica de inteligencia de negocios (DATAMART) de Gestión Comercial

Multa. Las multas se aplicarán si el contratista incumple con las fechas de entrega establecida en el pliego de condiciones. Se aplica un monto del uno por ciento (1%) del monto total de la posición afectada por el incumplimiento en la fecha de entrega de los productos. Ningún cobro podrá superar el 25% del monto total de la partida en la que se presente el incumplimiento.

Cláusula penal. Cláusula Penal se establece un monto del cero coma ciento setenta y seis por ciento (0,176%) del valor total de la consultoría correspondiente a la etapa afectada por el incumplimiento, en caso de que el contratista no inicie la ejecución del contrato en la fecha establecida en la Orden de Inicio o no entregue los informes finales de etapa en las fechas definidas en el cronograma de ejecución aprobado. Dicho cobro se aplicará por cada día natural de atraso y hasta un máximo de un quince por ciento (15%) del valor total adjudicado por etapa. El 15% corresponde a un porcentaje prudente y proporcional para el presente tipo de contratación, considerando la naturaleza técnica del servicio y la estructura por etapas de este, en concordancia con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en la normativa de contratación pública. El cálculo utilizado para definir el porcentaje de la cláusula penal en el presente caso depende de una serie de factores tales como: • Retrasos en la entrega de productos intermedios (informes de etapa), que afectan la toma de decisiones institucionales. • Incumplimiento en el inicio oportuno del contrato, generando desfases en la planificación del proyecto. • Dependencia de cronogramas secuenciales, donde el atraso en una etapa impacta directamente las siguientes. • Costos asociados a extensión de plazos, supervisión y seguimiento técnico por parte de la Administración. Con base en lo anterior, el porcentaje definido de 0,176% diario con tope del 15% por etapa se considera adecuado, proporcional y consistente con las condiciones del mercado, garantizando el equilibrio entre la protección del interés público y la viabilidad de la contratación.