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Multa. Cuando se detecten las siguientes conductas o eventos, por parte del contratista, debidamente comprobados, se podrá imponer una multa del dos por ciento (2%) del monto correspondiente al valor total de la solicitud de servicio incumplida, previa observancia del debido proceso; y sin perjuicio de las acciones penales y civiles correspondientes. Se castigará con multa las siguientes faltas: a) No ejecutar, omitir o ejecutar incorrectamente lo servicios solicitados y demás labores complementarias descritos en el presente pliego de condiciones o en la solicitud de servicio. b) Incumplimiento en la atención de incidentes por concepto de aplicación de garantía del servicio conforme se requiere en el presente pliego de condiciones. c) No prestar el servicio contratado en el tiempo y forma pactada; una vez notificada la orden de inicio de ejecución contractual; emitida por el Administrador del Contrato. d) Por incumplimiento de las demás obligaciones, procedimientos o requerimientos emanados de la presente contratación.

Cláusula penal. Si el contratista se demora o incumple en la prestación del servicio en relación con los plazos máximos de programación o atención de la solicitud de servicio descrita en el presente pliego de condiciones o atrasos en la entrega a satisfacción del servicio; éste deberá pagar a la Administración por concepto de cláusula penal, dos por ciento (2%) (2%) del valor total del servicio incumplido por cada día de atraso (o el equivalente en fracción de horas, según corresponda a la actividad a ejecutar); previa observancia del debido proceso. Dicha deducción se hará al momento de efectuarse el pago respectivo. La cláusula penal se podrá ejecutar hasta alcanzar un veinticinco por ciento (25%) del monto total del pedido de compra respectivo. La cláusula penal se podrá ejecutar hasta alcanzar un veinticinco por ciento (25%) del monto total del pedido de compra respectivo. En el evento, en que el monto por concepto de cláusula penal alcance el veinticinco por ciento (25%) del monto indicado en el párrafo anterior, se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de Contratación Pública. La Proveeduría Institucional se reserva el derecho de realizar los procedimientos pertinentes, actuando conforme a derecho. El cobro de la cláusula penal podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio, que se hubieran practicado y los saldos pendientes de pago, previa observancia del debido proceso. En caso de que ninguna de esas dos alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo, en concordancia con el numeral Artículos 116 y 117 de RLGCP.