CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHO PARA PROCESO SANCIONATORIO

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:

1. El oferente deberá identificar expresamente al profesional propuesto como responsable principal de la ejecución contractual, indicando nombre completo, identificación, grado académico, número de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y demás calidades necesarias para su plena identificación, y deberá aportar su currículum completo y actualizado. Cuando el oferente y el profesional propuesto no sean la misma persona, deberá aportarse declaración jurada del profesional mediante la cual manifieste que conoce y acepta el objeto y condiciones de la contratación y que se compromete a ejecutar personalmente las prestaciones para las cuales sus condiciones hayan sido utilizadas en la admisibilidad y evaluación.

2. El profesional propuesto deberá contar como mínimo con Licenciatura en Derecho, encontrarse debidamente incorporado y habilitado para el ejercicio profesional y acreditar al menos cinco años de experiencia profesional relacionada con Derecho Administrativo, Derecho Público, empleo público o régimen disciplinario, contados a partir de su incorporación profesional. El cumplimiento deberá acreditarse mediante las certificaciones profesionales correspondientes que permitan comprobar la incorporación, habilitación y período exigido.

3. El profesional propuesto deberá acreditar experiencia específica, desarrollada dentro de los últimos siete años, en al menos cinco investigaciones y/o procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con funcionarios públicos, en los cuales haya intervenido personalmente como órgano director, instructor, investigador o profesional jurídico directamente responsable de actuaciones sustantivas de la investigación o tramitación. De esos cinco casos, al menos tres deberán corresponder a procedimientos administrativos disciplinarios ordinarios en los cuales haya participado en la fase de instrucción, se haya desarrollado actividad probatoria y se haya alcanzado la conclusión de dicha fase mediante informe conclusivo, recomendación o producto equivalente. No se considerará suficiente la experiencia general en asesoría jurídica, empleo público, recursos humanos, relaciones laborales, Derecho Administrativo, contratación pública o litigio cuando no pueda acreditarse participación directa en investigaciones o procedimientos disciplinarios. La experiencia podrá haberse obtenido mediante contratos de servicios profesionales, como funcionario de una entidad pública o bajo cualquier otra relación jurídica que permita comprobar objetivamente la intervención personal del profesional. Para su acreditación deberán aportarse certificaciones institucionales, constancias emitidas por autoridad competente, documentos de recibido a satisfacción u otros documentos emitidos por la respectiva entidad pública que permitan determinar la institución, tipo de asunto, período de ejecución, función desempeñada y principales actuaciones en las que intervino. Considerando la naturaleza confidencial de esta materia, no será obligatorio identificar a la persona investigada ni revelar los hechos concretos del procedimiento; podrá utilizarse un código, número anonimizado u otra referencia que permita individualizar cada experiencia y comprobar que corresponde a un caso distinto. La Municipalidad podrá verificar la información aportada directamente con las instituciones correspondientes.

4. El oferente deberá presentar un único precio total por la atención integral y conclusión del procedimiento disciplinario. El precio ofertado deberá comprender todas las actuaciones ordinariamente necesarias para ejecutar correctamente el servicio, incluyendo las actuaciones previas requeridas, instrucción, actividad probatoria, audiencia o comparecencia, informe conclusivo, asistencia posterior al órgano decisor y entrega final del expediente. El oferente deberá manifestar que conoce y acepta que las correcciones de defectos imputables al adjudicatario y las repeticiones que deriven de tales defectos no generarán cobros adicionales.

5. El oferente deberá aportar una declaración jurada mediante la cual garantice que el profesional propuesto cuenta con disponibilidad inmediata para iniciar la ejecución a más tardar el día hábil siguiente a la comunicación formal de la orden de inicio y para otorgar atención prioritaria al procedimiento durante su tramitación, sin perjuicio de las causas objetivas no imputables que puedan suspender el avance conforme con este pliego.

6. El oferente deberá aportar una declaración jurada mediante la cual se comprometa a guardar absoluta confidencialidad sobre los expedientes, datos personales, declaraciones, testimonios, grabaciones, prueba y demás información a la que tenga acceso con motivo de la contratación, utilizarla exclusivamente para la ejecución del servicio y adoptar las medidas necesarias para impedir accesos o usos no autorizados. El deber subsistirá después de finalizada la contratación y alcanzará al personal auxiliar que excepcionalmente tenga acceso autorizado a la información.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADJUDICATARIO:

1.Como resultado de la ejecución contractual, el adjudicatario deberá desarrollar integralmente todas las actuaciones profesionales necesarias para la adecuada atención y conclusión del único procedimiento disciplinario objeto de esta contratación, desde la revisión inicial de antecedentes y las actuaciones preparatorias que sean requeridas hasta la conclusión de la instrucción, elaboración del informe conclusivo o recomendación, asistencia jurídica posterior al órgano decisor y entrega final del expediente. Deberá asegurar durante todo el procedimiento el debido proceso, derecho de defensa, búsqueda de la verdad real, objetividad, imparcialidad, impulso, celeridad y control permanente de los plazos y riesgos de prescripción.

2.Los productos que genere el adjudicatario deberán ser jurídicamente suficientes para la finalidad de cada actuación y comprender, según corresponda, la valoración inicial de plazos y riesgos, análisis e informes, proyectos de actos, intimación e imputación, requerimientos y decisiones propias de la instrucción, documentos vinculados con la actividad probatoria, citaciones y notificaciones, actas y grabaciones de audiencia, resoluciones interlocutorias, informe conclusivo o recomendación, proyectos solicitados por el órgano decisor y cualquier otro producto necesario para la correcta atención del procedimiento dentro del alcance contratado.

3.El expediente deberá mantenerse completo, ordenado y actualizado durante toda la ejecución y deberá entregarse al concluir el servicio con identificación de las actuaciones realizadas, documentación recibida y generada, constancias de notificación, medios probatorios, grabaciones, decisiones interlocutorias, informe conclusivo y demás elementos que permitan verificar la integridad y trazabilidad de la tramitación.

4.El adjudicatario deberá mantener una bitácora actualizada de ejecución que permita verificar la fecha de cada actuación, actividad desarrollada, producto generado, estado del procedimiento, actuación siguiente pendiente, plazos relevantes y causas de cualquier período de espera. La bitácora constituirá parte de los mecanismos de fiscalización y será requisito para la recepción conforme del servicio.

 

CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS PARA EL OFERENTE:

1. El oferente deberá contar con la capacidad técnica, profesional y operativa necesaria para prestar de forma inmediata y continua los servicios jurídicos especializados objeto de la contratación y garantizar la atención prioritaria del procedimiento hasta su conclusión.

2.Los servicios deberán ejecutarse principalmente mediante el profesional propuesto en la oferta, quien asumirá la responsabilidad técnica de la prestación y deberá encontrarse en capacidad de brindar asistencia jurídica especializada en Derecho Administrativo, empleo público y régimen disciplinario y ejercer personalmente las funciones propias del órgano director cuando sea formalmente designado. La participación de asistentes u otros colaboradores únicamente podrá tener carácter complementario y no podrá sustituir las actuaciones que el pliego reserve al profesional cuyas condiciones hayan sido utilizadas para acreditar la admisibilidad y evaluación de la oferta.

3. El oferente deberá garantizar que, en caso de resultar adjudicado, el profesional propuesto iniciará la ejecución del servicio a más tardar el día hábil siguiente a la comunicación formal de la orden de inicio y otorgará atención prioritaria al caso durante toda la ejecución, de manera que otras obligaciones profesionales o contractuales no impidan el cumplimiento de los plazos legales y contractuales establecidos.

4.La oferta deberá indicar un único precio total para la atención integral y conclusión del procedimiento disciplinario. No se solicitará desglose económico por fases, actuaciones, horas o componentes del servicio. El precio deberá respetar las tarifas mínimas obligatorias que resulten aplicables conforme al Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado vigente a la fecha de apertura de las ofertas y deberá comprender todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del servicio.

5.El profesional propuesto deberá mantener disponibilidad suficiente para atender de manera prioritaria las actuaciones del caso, incluyendo gestiones relacionadas con riesgos de prescripción, vencimiento de plazos, notificaciones, actividad probatoria, audiencias, comparecencias, recursos e incidencias, dentro de los plazos legales y contractuales aplicables.

6.Únicamente serán evaluadas las ofertas que hayan sido declaradas admisibles conforme con los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.