Servicios profesionales para realizar investigación La respuesta desde la jurisdicción penal juvenil a la crisis de violencia en la población menor de edad

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Contratación de servicios profesionales para realizar la investigación: La respuesta desde la jurisdicción penal juvenil a la crisis de violencia en la población menor de edad para el Informe Estado de la Justicia.

2.1 Antecedentes y Justificación

La jurisdicción penal juvenil es la que presenta el mayor crecimiento de casos ingresados en los últimos cinco años, en correspondencia con la crisis de violencia que enfrenta el país y con la mayor participación de la población menor de edad en actividades criminales. El informe Estado de la Justicia señaló que la materia penal juvenil creció un 150% entre 2021 y 2024, mientras que la materia penal en general creció solo un 10% en el mismo período.

Los casos judiciales en materia penal juvenil pasaron de 5.060 en 2021 a 13.623 en 2025 (un promedio de 37 nuevos casos al día). Asimismo, los casos terminados aumentaron de 6.078 en 2021 a 13.984 en 2025, es decir, un incremento del 110 %, y las resoluciones dictadas variaron de 113 a 5.148 en este mismo período (Poder Judicial, 2026).

Por otra parte, el aumento de la demanda de los servicios de estos juzgados se tradujo en una mayor carga de trabajo para los distintos actores del sistema involucrados en dichos procesos, con el agravante de que, en esta materia, existen plazos perentorios para resolver, por lo que no pueden diferirse ni acumularse en el tiempo.

La opinión pública y diversas propuestas legislativas han puesto de relieve el tema. Con cada crimen de alto perfil en el que se encuentra involucrado un menor de edad como sospechoso, se suscitan discusiones que van desde la edad de imputabilidad, la supuesta permisibilidad del modelo penal juvenil, la prisión preventiva para los jóvenes, hasta otros cambios más integrales que apuntan a garantizar los derechos aumentando las medidas alternativas y la justicia restaurativa, entre otros temas. 

La justicia penal juvenil abarca otros aspectos, además de estos más visibles, que deben ser revisados y son poco discutidos o fundamentados. El modelo de justicia penal es complejo e incluye al menos una docena de instituciones. Tiene como protagonista la jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial, compuesta por los juzgados y tribunales penales juveniles, la ejecución de la pena, la Fiscalía, la Defensa Pública, el OIJ y oficinas especializadas dentro del conglomerado judicial, como las de Apoyo Psicosocial, Trabajo Social, y la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos, entre otras. También intervienen las partes en un proceso: los representantes de la persona menor de edad, los litigantes, el imputado, la víctima y los testigos.

Sin embargo, el modelo completo va más allá de la jurisdicción penal juvenil, incluye otras entidades públicas clave: el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Justicia como administrador del sistema penitenciario, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto sobre Alcoholismo y la Farmacodependencia, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Seguridad por medio de la Fuerza Pública, otras policías tales como la PCD, las municipales o la de Migración, la Caja Costarricense de Seguro Social en la atención psicológica y médica, la Asamblea Legislativa, por citar algunas. El funcionamiento de este entramado institucional con respecto a su función de justicia juvenil se desconoce.

 El más reciente informe del OIJ sobre la situación de la criminalidad dedicó una sección al “reclutamiento de menores de edad y “rejuvenecimiento” de las bandas criminales, en la que se identifica que en los años recientes uno de los fenómenos delictivos que ha cambiado es la incorporación de personas menores de edad como participantes directos en la actividad criminal organizada (OIJ, 2025).

Las investigaciones dedicadas a la materia penal juvenil se han enfocado en el desarrollo legal, las reformas históricas y evolución de la norma, algunas analizan sentencias o aspectos específicos como la discriminación o la ejecución de las penas, o bien recogen desafíos y propuestas de mejora.

En ninguna de las publicaciones previas sobre la materia penal juvenil se aborda específicamente, con evidencia empírica, cuál es la respuesta que el modelo penal juvenil está dando al país. Si bien existen desarrollos doctrinarios o análisis jurídicos, persiste el vacío en cuanto al desempeño en la práctica, medible y verificable.

En este campo, la presente propuesta de investigación pretende contestar ese vacío de información mediante la construcción y análisis de evidencia empírica que permita conocer el funcionamiento de la justicia juvenil en el cumplimiento de los fines de la Ley de Justicia penal juvenil. En particular, se pretende identificar patrones sobre el perfil de la conflictividad que ingresa a esta materia, cómo concluyen los procesos, diferenciando el tipo de salidas y resoluciones judiciales, las capacidades institucionales para dar seguimiento a estas resoluciones.

El estudio se propone desagregar estos temas según el perfil del delito, las características territoriales, y la participación de diferentes actores, lo cual permitiría detectar posibles desigualdades o identificar diferencias que aportarían información clave para el diseño de intervenciones preventivas más equitativas. Por ejemplo, a partir de evidencia concreta, será posible determinar si las medidas impuestas realmente promueven procesos de responsabilización (medidas mediante la participación en programas restaurativos), si las víctimas reciben mecanismos adecuados de reparación o si las tasas de reincidencia varían en función del tipo de intervención aplicada.

2.2 Objetivo de la contratación

Esta contratación se enmarca en la preparación de los productos del Programa Estado de la Nación (PEN), correspondiente a las metas 3.1.1 y 3.2.1 aprobadas en el Plan Operativo Anual del PEN 2026.

2.2.1 Objetivo general

Analizar la tutela efectiva de derechos de la población menor de edad en el modelo penal juvenil para garantizar un tratamiento de los casos basado en la responsabilidad efectiva y educación (control), al mismo tiempo que en la prevención, reparación y reinserción (acompañamiento) según los fines de la ley, que persiga como objetivo general alejar a estas personas menores de la criminalidad.

2.2.2 Objetivos específicos

1.     Caracterizar el modelo de justicia penal juvenil, la ruta del proceso, los distintos actores, las capacidades institucionales y las normativas que lo regulan.

2.     Desarrollar visitas a diversas oficinas de la materia penal juvenil para recopilar información sobre el funcionamiento, en la práctica, del modelo de justicia penal juvenil.

3.     Analizar en detalle las características del tipo de conflictividad social que ingresa a la materia penal juvenil, con un enfoque territorial, franjas etarias y de género. *

4.     Desagregar los resultados (resoluciones) de los casos judiciales de penal juvenil según los tipos de delito, las franjas etarias y la distribución territorial. *

5.     Realizar un análisis de congruencia entre los resultados (resoluciones) y los fines de la ley, en particular respecto del seguimiento de la ejecución de la pena, para alejar a los y las menores de edad de la delincuencia, en particular la resolución alterna de conflictos y la justicia restaurativa. *

6.     Identificar de manera participativa los riesgos para la tutela efectiva de los derechos en los procesos de justicia penal juvenil, con base en los estudios publicados en el Informe Estado de la Justicia.

7.     Analizar la pertinencia de las medidas y enfoques propuestos en proyectos de ley y debates públicos recientes, a la luz de los resultados y capacidades actuales.  

8.     Proponer medidas para mitigar los riesgos identificados, con base en sugerencias formuladas por los propios actores y en reseñas de buenas prácticas y estándares internacionales.

*Debe considerarse que los objetivos del 3 al 5 dependen del acceso a la información estadística sobre la materia penal juvenil que brinde el Poder Judicial, por lo que podrán adaptarse en el transcurso de la investigación según dicha disponibilidad.

2.3 Obligaciones y compromisos asumidos por el profesional contratado

El consultor se compromete a cumplir con los plazos de entrega de los productos y a participar en las sesiones de trabajo con Evelyn Villarreal Fernández, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia.

2.4 Determinación de las características del producto final

Los productos para esta contratación son los siguientes:

•        Producto 1: Plan de trabajo y metodología de investigación para la consultoría.

Incluye el desarrollo metodológico de los objetivos señalados en este contrato, el cronograma, los recursos a utilizar y cualquier otra limitación del estudio.

Este plan será sometido a un taller interno para recibir retroalimentación.

•        Producto 2: Informe sobre el funcionamiento y capacidades institucionales del modelo de justicia penal juvenil.

Incluye el informe con la descripción del modelo, el marco normativo, la ruta procesal, las competencias institucionales, los actores clave, las capacidades instaladas y el mapeo institucional. Además, debe incorporarse a este producto el Informe del trabajo de visitas a oficinas, para analizar cómo operan, en la práctica, las entidades que integran el modelo de justicia penal juvenil (objetivos 1 y 2).

•        Producto 3: Informe de los hallazgos estadísticos. 

Informe sobre la caracterización de delitos y conflictos que ingresan a la jurisdicción, análisis territorial, etario y de género, tendencias y patrones identificados. Análisis de las resoluciones y formas de terminación de los casos, construcción de variables y visualizaciones. Este producto tendrá la valoración de la correspondencia entre las resoluciones judiciales, la ejecución de sanciones y los objetivos de reinserción y prevención de reincidencia establecidos en la ley (objetivos del 3 al 5).

Se convocará a un taller de consulta con grupos de interés y especialistas, para presentar el borrador de los productos 1 al 3.

•        Producto 4: Informe de riesgos de tutela efectiva de derechos y propuestas.

Se realizará la identificación y priorización de riesgos de tutela; basados en los hallazgos del Informe Estado de la Justicia de capítulos similares. Se presentarán para cada riesgo, propuestas de mejora identificadas en el trabajo de investigación y resultado de talleres o visitas. (objetivos del 6 al 8).

•        Producto 5: Informe integrado en borrador de capítulo.

El producto final de esta consultoría será un borrador de capítulo para el Informe Estado de la Justicia sobre el modelo de justicia penal juvenil. Este capítulo seguirá la estructura del Informe, que incluye: una síntesis analítica o resumen ejecutivo, antecedentes, el cuerpo del análisis y una descripción de indicadores y tendencias en el tema respectivo, metodología, y otros anexos, todo de una extensión no mayor de 60 páginas. En la segunda parte o anexo, se presentarán otros cuadros estadísticos e ilustraciones, así como la bibliografía completa del trabajo (esta sección no tiene límite de páginas). El informe final debe seguir las pautas de estilo establecidas por la coordinación del Estado de la Justicia.

Se convocará a un taller de consulta con grupos de interés y especialistas, para presentar el borrador de capítulo.

Adicionalmente, este borrador de capítulo tiene una etapa de lectores críticos cuyas observaciones deben ser incorporadas en el producto final.

Junto con la versión final de la investigación, deben adjuntarse los insumos (investigaciones, estudios, informes, notas, transcripciones de entrevistas, estadísticas, y demás archivos) que se usaron para el análisis y estudio del tema correspondiente. Se habilitará una carpeta compartida de Dropbox para estos efectos, en la cual se deben respaldar todos los materiales digitales durante el proceso de investigación.

2.5 Designación del representante institucional

La persona encargada de supervisar la oportuna ejecución de las prestaciones convenidas y evaluar su conformidad será la funcionaria Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora general de investigación del Informe Estado de la Justicia.

2.6 Plazos de entrega

2.7 Reglas de formato

El documento deberá presentarse en el procesador de palabras Word para sistema Windows, letra IBM PLAX SANS 11, regular y a espacio sencillo. El documento debe presentar un solo estilo, es decir sin subrayados, negritas, cursivas u otros estilos especiales. Los títulos se resaltan en negrita y con la siguiente jerarquía Título T1 (Mayúscula y minúscula, negrita, IBM PLEX SANS tamaño 14), Título T2: (Mayúscula y minúscula, negrita, IBM PLEX SANS tamaño 13), Título T3: (Mayúscula y minúscula, negrita, IBM PLEX SANS tamaño 12, cursiva). Los márgenes de cada página serán 2,5 cm de cada lado y borde superior e inferior. Debe tener un índice detallado del contenido. Los cuadros y gráficos insertos en el documento deben venir acompañados de su respectivo archivo de Excel. La bibliografía debe incluir la lista de personas entrevistadas.

El formato de la bibliografía es el siguiente:

•        Libro: Apellido, Nombre autor. Año. Título principal. Ciudad: Editorial, edición.

•        Parte de libro: Apellido, Nombre autor. Año. Título de parte. Apellido, Nombre editor libro. Título principal. Ciudad: Editorial, edición, páginas.

•        Artículo revisto: Apellido, Nombre autor. Año. Título de artículo. Nombre de revista. Volumen (número): fecha, páginas.

•        Artículo en medios de comunicación: Apellido, Nombre redactor. Año. Título de artículo. Nombre del medio. Día, página.

•        Entrevista: Apellido, Nombre entrevistado. Puesto que ocupa. Fecha de entrevista.

Otros aspectos generales de formato:

•        Márgenes: hoja tamaño carta, con los cuatro márgenes de 2,5 cm.

•        Espacio sencillo, con espacio entre párrafos

•        Letra: IBM PLEX SANS, tamaño 12 puntos

•        Sin sangría

•        No dejar muchos espacios al final de cada página.

•        Se debe utilizar viñetas de bolita

2.8 Sobre la frontera de información

Cada vez que el profesional realice búsquedas de datos por su propia cuenta y encuentra problemas de disponibilidad en términos de tiempo y calidad de los datos, debe documentarlos. Con el propósito de correr la frontera de información o mejorar la coordinación con las fuentes productoras de datos por parte del PEN, es conveniente que el investigador presente, al final de su documento, un listado de las dificultades que se han tenido para conseguir la información, ya sea porque no existe; porque no está sistematizada; porque presenta dificultades de comparabilidad debido a su forma de recolección, cobertura o metodología de cálculo; o bien porque la información no está disponible en los plazos de la investigación.

Se trata de un reporte breve que identifique el tema o variable solicitada y la dificultad enfrentada, señalando cuando corresponda elementos como los años no disponibles y el por qué, las dificultades de comparabilidad, si el problema es la sistematización señalar las posibles soluciones para disponer de la información en el formato que se requiera, y cualquier otra sugerencia que el investigador considere oportuna. El cuadro adjunto puede servir de guía.

Otros comentarios y/o sugerencias:

2.9 Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para esta contratación es de ¢8.000.000,00. Los montos incluyen el 2% de IVA.